La recuperación del Terminal Terrestre de Huancayo, realizada en marzo de 2024 por la gestión del alcalde provincial Dennys Cuba Rivera, vuelve a ser materia de controversia judicial. El Ministerio Público ha solicitado una pena de cinco años, siete meses y diecinueve días de prisión contra el burgomaestre y otros cinco funcionarios y exfuncionarios municipales, por el presunto delito de usurpación agravada, a raíz de la intervención que permitió a la Municipalidad Provincial de Huancayo asumir la administración de esta importante infraestructura.
La medida municipal fue sustentada por la gestión edil en el vencimiento del contrato de concesión de 20 años otorgado a la empresa privada que administraba el terminal desde 2004. Desde la posición de la defensa municipal, la intervención respondió al propósito de recuperar el control de un bien público y poner su administración al servicio de los intereses de la población huancaína.
La defensa de la gestión municipal sostiene que la recuperación de las instalaciones se realizó de manera pacífica, sin actos de violencia contra los trabajadores de la concesionaria. Esta versión contrasta con la acusación fiscal, que atribuye a los investigados una presunta actuación irregular durante el ingreso al recinto.
Asimismo, uno de los puntos centrales de la controversia es el laudo arbitral que dispuso ampliar por diez años la concesión privada. La defensa municipal ha señalado que dicha decisión fue declarada inejecutable por el Poder Judicial, argumento que considera relevante para sustentar la actuación de las autoridades municipales.
Desde la perspectiva de la gestión provincial, la recuperación del Terminal Terrestre constituye una decisión en defensa del patrimonio de Huancayo y del derecho de la ciudadanía a que sus bienes públicos sean administrados en beneficio colectivo, evitando que los intereses particulares prevalezcan sobre el interés general.
El proceso judicial se encuentra en etapa de control de acusación, por lo que el requerimiento fiscal no constituye una sentencia condenatoria ni determina responsabilidad penal. Corresponderá al Poder Judicial evaluar los argumentos, documentos y elementos probatorios presentados por las partes, respetando el debido proceso y la presunción de inocencia.
La posición de la defensa municipal es que recuperar el patrimonio público, dentro del marco de la ley, constituye una responsabilidad de las autoridades. Bajo esa premisa, el alcalde Dennys Cuba Rivera y los demás investigados ejercerán su derecho de defensa frente a las imputaciones formuladas, mientras el Terminal Terrestre continúa bajo administración municipal.
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