1. RECHAZO A REQUERIMIENTOS COACTIVOS: Rechazamos de manera categórica la disposición contenida en el “Artículo Segundo” del señalado Acuerdo de Concejo, mediante el cual se promueve a nuestra entidad a transferir la suma de S/ 23,138,029.10 por concepto de utilidades en un plazo coactivo de 72 horas. Dar cumplimiento a dicho acuerdo es imposible e ilegal, toda vez que su ejecución anticipada se encuentra prohibida.
2. CUMPLIMIENTO DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES: El mandato edil ignora el principio de legalidad consagrado en los artículos 114 y 230 de la Ley General de Sociedades. La norma establece expresamente que las sumas que se repartan en calidad de dividendos son parte de las utilidades que se obtengan en el ejercicio. Para que estas utilidades existan y sean exigibles, es indispensable la aprobación por la Junta General de Accionistas; la falta de este requisito torna nula cualquier pretensión de distribución. En tal sentido, un acuerdo de concejo municipal no puede prevalecer sobre normas de rango legal ni sustituir competencias societarias, menos aún ordenar actos de disposición patrimonial de una entidad distinta.
3. FUERO EXCLUSIVO DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS Y PROCEDIMIENTO: El único foro legal para acordar la aplicación de utilidades es la Junta General de Accionistas. Hacemos de conocimiento público que nuestro Directorio ya cumplió con publicar el 18 de marzo de 2026 la convocatoria para la Junta General de Accionistas, la cual se realizará el martes 31 de marzo de 2026 a las 04:00 p.m., y en dicha sesión, el primer punto de la agenda será precisamente la aprobación de la aplicación de utilidades del año 2025. Por consiguiente, el Concejo Municipal no puede sustituir las atribuciones de esta Junta mediante actos administrativos unilaterales, como tampoco puede omitir el procedimiento para la distribución de dividendos, presentando el plan de desarrollo municipal con la priorización de proyectos y que el directorio verifique la viabilidad de los mismos para la entrega de los dividendos, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 4 de la Ley de Cajas (D.S. N° 157-90-EF).
4. RESPONSABILIDADES LEGALES: La emisión de un acuerdo ilegal para disponer del patrimonio social, al margen de la Junta General, genera una gravísima responsabilidad para los participantes del acuerdo. La Ley General de Sociedades advierte que la sociedad puede exigir el reembolso solidario e ilimitado por cualquier distribución de utilidades pagada en contravención a sus normas. Asimismo, ceder a un requerimiento mediante coacción política configura una coparticipación en delitos contra la administración pública, en los tipos penales de abuso de autoridad y concusión. Asimismo, es necesario enfatizar que los órganos de gobierno de Caja Huancayo se encuentran sujetos a deberes de diligencia y lealtad, a preservar la solvencia institucional, la estabilidad financiera, por lo que cualquier disposición de recursos al margen del procedimiento legal no solo compromete la integridad patrimonial de la entidad, sino que genera responsabilidades administrativas, civiles y penales.
5. RELACIÓN CON EL CONSEJO MUNICIPAL: Dejamos constancia que los activos, las reservas estatutarias y las utilidades del ejercicio no constituyen fondos de tesorería municipal disponibles a mero requerimiento político del alcalde o de algunos regidores del Concejo Municipal, pues representan activos corporativos sujetos a métricas de suficiencia patrimonial y supervisión.
Siendo esto así, Caja Huancayo informa que la transferencia de fondos quedará en estricto suspenso hasta que se instale válidamente la Junta General de Accionistas este 31 de marzo y se adopte el respectivo acuerdo con arreglo a ley. Reafirmamos nuestro deber de garantes frente a la protección del dinero de nuestros ahorristas, la estabilidad financiera de la entidad y el Buen Gobierno Corporativo; por lo cual, ante los recientes hechos de distorsión política ejercido por algunos miembros del Consejo Municipal, así como el uso de narrativas de confrontación destinadas a la comunidad huancaína para ir en contra de su principal empresa, que es Caja Huancayo; exigimos garantizar el respeto institucional, pues la afectación regular a cualesquiera de nuestras actividades financieras o la reputación institucional será indicado como responsabilidad de los miembros del Consejo Municipal que promueven el ilegal acuerdo.
La Gerencia General y el Directorio de Caja Huancayo.
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