Alerta por retrasos y observaciones en la construcción del colegio Túpsc Amaru de Azapampa
Diputado encabezó fiscalización con Contraloría, Ministerio Público, Sunafil y representantes del Gobierno Regional de Junín.
El diputado Héctor Guillén Valencia fiscalizó la construcción de la nueva infraestructura educativa de la I.E. Politécnico Túpac Amaru, en Azapampa, distrito de Chilca, Huancayo, donde se revisaron aspectos relacionados con el cronograma de ejecución, las condiciones técnicas, el presupuesto y el cumplimiento de las obligaciones laborales. En la diligencia participaron la Contraloría General de la República, el Ministerio Público, Sunafil, representantes del Gobierno Regional de Junín y la supervisión de la obra, a cargo del Consorcio Induamericana.
Uno de los puntos que genera preocupación es el cronograma de culminación. De acuerdo con la información recogida durante la visita, la fecha inicialmente prevista era el 8 de julio de 2027. Sin embargo, se informó sobre un laudo arbitral que habría otorgado al Consorcio Túpac A una ampliación superior a 120 días. Esta situación requiere esclarecer los fundamentos de la decisión, sus efectos sobre el plazo contractual y la fecha actualizada de entrega de la infraestructura.
Además, durante la fiscalización se advirtió que se habrían aprobado tres adicionales de obra por más de S/ 17 millones, monto que incrementaría significativamente la inversión inicialmente prevista, superior a S/ 142 millones. Esta situación exige revisar el sustento técnico y legal de cada adicional, las partidas involucradas, las autorizaciones correspondientes y su impacto en el costo total y el plazo de ejecución.
La ejecución presupuestal también está bajo revisión. Según la Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas, el presupuesto inicial de 2026 ascendía a S/ 20 millones, pero fue reducido a un presupuesto modificado de S/ 15 millones 196 mil 653. Al 12 de octubre de 2026, el avance presupuestal reportado era de 98,9%. Para Guillén, estas cifras deben contrastarse con el avance físico real, las valorizaciones aprobadas y los trabajos efectivamente ejecutados. Un alto porcentaje de gasto no garantiza, por sí solo, que la obra esté culminada ni que cumpla todas las especificaciones técnicas.
Durante la inspección también se planteó la necesidad de verificar componentes estructurales y constructivos, instalaciones eléctricas y sanitarias, así como los adicionales, deductivos y controles de calidad. Asimismo, corresponde esclarecer qué observaciones técnicas y laborales se encuentran formalmente registradas, cuáles han sido subsanadas y qué medidas correctivas están pendientes. Los resultados deberán sustentarse en los informes de las entidades participantes y en la documentación contractual y técnica del proyecto.
El diputado Héctor Guillén anunció que solicitará información documentada sobre el estado físico y financiero de la obra, las modificaciones presupuestarias, las valorizaciones, el cronograma vigente y los alcances del arbitraje. “Los recursos públicos deben traducirse en una infraestructura segura y de calidad para nuestros estudiantes. Es necesario esclarecer las observaciones y exigir respuestas concretas sobre los plazos y las condiciones de ejecución”, es la declaración propuesta para su validación. La fiscalización busca que las entidades competentes adopten las medidas que correspondan y que la comunidad educativa de Azapampa reciba una obra acorde con sus necesidades.
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