Junín. – La Contraloría General de la República detectó que 13 ambulancias adquiridas por el Gobierno Regional de Junín fueron trasladadas a un taller de mantenimiento para realizar modificaciones técnicas no autorizadas, sin contar con la documentación obligatoria para su circulación.
Además, tres de estas unidades fueron presentadas en actividades protocolares sin placas de rodaje, tarjetas de propiedad ni Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT). Esta situación expone a vehículos de alto valor público y a su equipamiento a potenciales contingencias, y desprotege al personal encargado de su traslado para garantizar una atención médica oportuna en la región.
Según el Informe de Visita de Control N° 046-2026-OCI/5341-SVC, correspondiente al periodo de evaluación del 26 de agosto al 4 de septiembre de 2026, la entidad regional autorizó el desplazamiento de estas unidades para participar en actividades protocolares, pese a no contar con la documentación exigida.
Una ambulancia fue destinada al aniversario de la Red de Salud Jauja y dos al Hospital Félix Mayorca Soto de Tarma, donde desfilaron y circularon sin placas de rodaje. Adicionalmente, se dispuso el traslado de otras 11 unidades al taller de una concesionaria privada para supuestos trabajos de mantenimiento y configuración, al margen de las exigencias mínimas establecidas en la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre.
La segunda situación adversa identificada está relacionada con las modificaciones efectuadas por la concesionaria privada en la configuración de la unidad de control de 11 ambulancias urbanas, realizadas con posterioridad a la recepción oficial de los vehículos y a la emisión del Certificado de Inversión Pública Regional y Local (CIPRL) por parte del Ministerio de Economía y Finanzas. En consecuencia, dichos cambios no fueron verificados por el comité técnico de recepción de la entidad.
Esta situación representa un riesgo sustancial de que los vehículos no cumplan estrictamente con las especificaciones técnicas contratadas originalmente bajo el mecanismo de Obras por Impuestos, lo que podría afectar la calidad y seguridad de las prestaciones de salud proyectadas para los establecimientos receptores de los niveles III-E, II-1 y II-2, así como generar el riesgo de una eventual pérdida de la garantía de fábrica.
La CGR notificó el informe al gobernador regional de Junín a fin de que disponga, con carácter urgente, las acciones preventivas y correctivas necesarias. Asimismo, deberá comunicar el plan de trabajo y las medidas de implementación adoptadas dentro del plazo establecido, con el propósito de resguardar el patrimonio público y garantizar que las ambulancias sean puestas a disposición de la ciudadanía en plenas condiciones operativas y legales.
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