Se articula medidas junto a entidades competentes para atender la mortandad de más de 2.5 millones de truchas y fortalecer las investigaciones ambientales.
El Gobierno Regional de Junín lideró una reunión interinstitucional para atender la emergencia ambiental registrada por la contaminación de la microcuenca del río Yuracyacu, en el distrito de Pariahuanca, que ocasionó la mortandad de 2.5 millones de truchas, afectando gravemente a productores acuícolas de la zona. La reunión se desarrolló en el auditorio de la Dirección Regional de Producción con participación de autoridades regionales, entidades fiscalizadoras y representantes de la población afectada.
Las instituciones evaluaron la problemática ambiental y las actividades ejecutadas hasta el momento por las entidades competentes. La Dirección Regional de Energía y Minas informó sobre las acciones de fiscalización a las unidades mineras y la remisión de informes al Ministerio de Energía y Minas y al OEFA, mientras que la ANA anunció nuevos monitoreos de calidad de agua y sedimentos en puntos estratégicos de la microcuenca.
Como parte de los principales acuerdos, la Dirección Regional de Producción realizará esta semana la entrega de apoyo inicial para la reactivación económica de los acuicultores afectados. Este respaldo forma parte del Plan de Reactivación y Repoblación Acuícola, que contempla la adquisición e incubación de ovas embrionadas de trucha arcoíris certificadas y libres de patógenos, con el objetivo de recuperar progresivamente la actividad productiva en la zona.
Asimismo, el Consejo Regional de Junín priorizará la revisión del informe técnico presentado por la DIREPRO para la declaratoria de emergencia por desastre ambiental en Pariahuanca. También se acordó conformar una Mesa Técnica Permanente integrada por todas las entidades participantes, la cual estará encargada de coordinar las acciones de atención, monitoreo, fiscalización y seguimiento de los resultados técnicos y de laboratorio.
Las entidades participantes coincidieron en que las investigaciones deben continuar para determinar las responsabilidades administrativas, civiles y penales que correspondan. En ese marco, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental continuará con las diligencias respectivas, mientras que la Defensoría del Pueblo exhortó a las autoridades a actuar con celeridad y pidió a la población mantener prudencia mientras culminan las evaluaciones técnicas sobre este grave incidente ambiental.
DATO
El apoyo al sector acuícola continuará con el objetivo de reactivar la economía de las familias afectadas y contribuir a la recuperación ambiental de la zona.
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