Junín.- La corrupción se ha convertido en una de las mayores barreras para que el Perú progrese. La Red de Estudios para el Desarrollo (REDES) advirtió que Junín se encuentra en el segundo lugar a nivel nacional en mayor número de casos de corrupción, solo superada por Lima. Se trata de investigaciones en curso que aún no cuentan con una sentencia final.
Con 408 casos de corrupción activos, Junín concentra el 6% del total de investigaciones en el país, según datos de la Defensoría del Pueblo a junio de 2025. En Junín, las autoridades más involucradas en casos de corrupción son los gobiernos locales, que concentran el 35% de los casos (142).
La corrupción puede asumir diferentes formas. Sin embargo, en palabras sencillas, es cuando una autoridad o trabajador del Estado abusa de su poder para obtener un beneficio personal, en lugar de trabajar por el bien de todos.
“Detrás de cada caso de corrupción hay recursos públicos que no llegaron a quienes más los necesitaban. Cuando hablamos de corrupción hablamos de obras paralizadas, infraestructura de mala calidad y servicios deficientes. La corrupción debilita la posibilidad de que los recursos de los ciudadanos se transformen en más y mejores servicios públicos”, sostuvo César García, economista de REDES.
Según una encuesta de Apoyo Consultoría, Grupo RPP y el PNUD, el 67% de los peruanos la identifica como uno de los principales problemas del país, un aumento de 21 puntos porcentuales comparado con el 2015. Este malestar social pone la confianza en nuestras instituciones en el centro del debate, especialmente a puertas de las elecciones nacionales del próximo 12 de abril.
Entre los delitos más comunes que perjudican a nuestra región se encuentran el peculado, que ocurre cuando un funcionario se queda con dinero o bienes del Estado. También destaca la colusión, que es cuando una autoridad pacta con una empresa para favorecerla en un contrato, al margen de los procesos que contempla la ley.
La corrupción genera pérdidas gigantescas a nivel nacional y deteriora la gestión pública. La Contraloría General estima que, solo en 2023, se perdieron S/24 mil 268 millones por corrupción e inconducta funcional, equivalentes al 12.7% del presupuesto público ejecutado. Dicho de otra manera: de cada S/100 que el Estado ejecutó ese año, S/12.7 no se tradujeron en resultados para la ciudadanía debido a fallas en la gestión pública asociadas a corrupción e irregularidades.
¿Qué se requiere para consolidar un país con gestión pública transparente?
La corrupción no aparece de la nada: suele encontrar espacio cuando la gestión pública es débil, improvisada o poco profesional. Cuando quienes toman decisiones no son elegidos por su capacidad, sino por criterios ajenos al mérito, se pierde eficiencia y se abren riesgos para el mal uso de los recursos. En ese contexto, se vuelve más difícil que el dinero público se traduzca en servicios y obras que realmente mejoren la vida de las personas.
Por eso, avanzar hacia un Estado más profesional no es solo un tema técnico, sino una condición fundamental para generar confianza. Contar con funcionarios seleccionados por sus capacidades, que tengan estabilidad para hacer bien su trabajo y que rindan cuentas por sus resultados, permite una gestión pública más ordenada, transparente y orientada a servir al ciudadano. Fortalecer estas bases no elimina automáticamente la corrupción, pero sí reduce significativamente los espacios donde puede crecer.
“La transparencia también depende de una ciudadanía informada y activa. La vigilancia ciudadana, la exigencia de rendición de cuentas y la denuncia oportuna de irregularidades fortalecen la capacidad de detectar y sancionar actos de corrupción, reduciendo los incentivos para que ocurran. Asimismo, el seguimiento a la ejecución de obras y la demanda de información pública clara y accesible refuerzan los mecanismos de control existentes. Pero cuando estas prácticas no están presentes, el control se debilita y la corrupción encuentra espacio para avanzar”, concluyó García.
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