Contraloría alerta servicio de consultoría para el estudio no culmina desde hace más de siete años
La Contraloría General de la República (CGR) alertó al Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional (Provías Nacional) que el retraso de más de siete años en la culminación del estudio definitivo del proyecto “Construcción de la Vía de Evitamiento La Oroya”, ubicado en la región Junín, afecta directamente su finalidad pública, compromete el uso eficiente y oportuno de los recursos públicos y no garantiza la seguridad jurídica para la servidumbre de paso, lo que genera el riesgo que los 655 226 beneficiarios previstos no accedan, en el plazo esperado, a una infraestructura de transporte segura y eficiente.
El tramo vial del proyecto “Construcción de la Vía de Evitamiento La Oroya” tiene una extensión de 27.01 kilómetros que unen los distritos de Morococha y Paccha en la provincia de Yauli (región Junín). Mientras que el 9 de agosto de 2018 se suscribió el contrato de servicio de consultoría para elaborar el estudio definitivo por la suma de
S/ 3 098 498.94 con un plazo de 210 días calendario.
Sin embargo, el Informe de Hito de Control n.° 003-2026-OCI/5304-SCC, cuyo período de evaluación fue del 13 al 24 de febrero de 2026, alerta que el informe de avance n.° 4 del servicio de consultoría se mantiene en condición de “observado”, provocando que dicho servicio registre un avance físico de 80%, medido en función de los entregables aprobados por Provías, pese a haber transcurrido siete años y 184 días al 3 de marzo de 2026.
Se advierte que Provias Nacional no adoptó ni viene adoptando las acciones que garanticen la obtención de la servidumbre de paso requerida para dar conformidad al expediente del proyecto “Sistema de Utilización en media Tensión 10 KV, trifásico para el Túnel de la Vía de Evitamiento de La Oroya”, pese a que mediante Ley n.° 32550, del 9 de enero de 2026, se declaró de necesidad pública e interés nacional al proyecto “Construcción de la Vía de Evitamiento La Oroya”, autorizándose a la entidad a expropiar terrenos en el marco del Decreto Legislativo n.° 1192.
Asimismo, el informe de Contraloría precisa que la falta de seguridad jurídica para la servidumbre de paso en el marco del precitado expediente de electrificación rural, puede modificar la longitud de la línea de media tensión, la cual a su vez podría modificar, durante la ejecución de la obra, el diseño mecánico y eléctrico del túnel proyectado.
La situación expuesta muestra una problemática que responde a una combinación de factores que han incidido negativamente en el desarrollo del servicio como son: una planificación insuficiente respecto al saneamiento físico-legal del terreno; la actuación tardía de Provías Nacional para gestionar la servidumbre utilizando los mecanismos previstos en el Decreto Legislativo n.° 1192; los reiterados incumplimientos del consultor en el levantamiento integral y oportuno de las observaciones formuladas; y la pérdida del efecto disuasivo del régimen de penalidades contractuales.
Incongruencias en documentos
Los auditores de Contraloría también advierten incongruencias entre los documentos que conforman el estudio de Hidrología e Hidráulica y los planos del Estudio de Estructuras y Obras de Arte, los cuales tienen la conformidad del área usuaria, lo que podría afectar la calidad del expediente técnico, así como calidad, sostenibilidad y seguridad de la obra proyectada.
Entre lo evidenciado figuran incongruencias en la relación de alcantarillas del estudio de Hidrología e Hidráulica y los planos del Estudio de Estructuras y Obras de Arte; incongruencias entre la entrega proyectada de cunetas y el inventario de alcantarillas proyectadas; incongruencias entre la entrega proyectada de bordillos y el inventario de alcantarillas proyectadas.
De esta manera, estos hechos podrían afectar la consistencia e integridad del expediente técnico, pudiendo generar omisiones o indefiniciones en la ejecución de obras de drenaje, lo que a su vez podrían derivar en modificaciones contractuales. También existe el riesgo de que determinadas estructuras no sean ejecutadas conforme a los requerimientos hidráulicos reales, afectando así el adecuado funcionamiento del sistema de drenaje y exponiendo la infraestructura a problemas de erosión, socavación o fallas estructurales.
Pérdida de vigencia de la Declaración de Impacto Ambiental
El informe de Contraloría también alerta que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto “Sistema de utilización en media tensión para el túnel de la Vía de Evitamiento de La Oroya” se encuentra próxima a perder su vigencia y eso pone en riesgo la disponibilidad de la certificación ambiental requerida y podría afectar las condiciones legales e institucionales para la ejecución oportuna de la obra.
Por ello, la Contraloría recomendó hacer de conocimiento del titular de Provias Nacional los resultados y situaciones adversas identificadas en el informe de control, con el objetivo de que se adopten medidas correctivas que permitan asegurar la continuidad y culminación del proceso de elaboración del estudio definitivo del proyecto “Construcción de la Vía de Evitamiento La Oroya”.
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