Contraloría señala funcionarios del Gobierno Regional de Junín autorizaron desembolsos sin sustento técnico
Junín. - La Contraloría General de la República - CGR halló perjuicio económico de S/ 15 988 059 en contra del Estado, debido a que entre los años 2014 al 2020, funcionarios del Gobierno Regional de Junín autorizaron y pagaron valorizaciones por equipamiento médico que nunca fue entregado, ni existe físicamente en la obra de mejoramiento de la capacidad resolutiva del Hospital El Carmen de Huancayo.
En el Informe de Auditoría de Cumplimiento N° 007-2026-2-5341-AC, que evaluó el periodo del 19 de diciembre de 2014 al 31 de octubre de 2020, señala que los funcionarios y servidores, junto con la supervisión de la obra, aprobaron y pagaron cinco valorizaciones sin el sustento técnico necesario y contraviniendo las condiciones contractuales que establecían que la adquisición e instalación del equipamiento biomédico estaba condicionada a la culminación de la infraestructura, requisito que no se cumplió al momento de los desembolsos efectuados.
Incluso, se detectó que el contratista con el supuesto aval de los responsables de la supervisión e inspección de la obra, recibió pagos por equipos que, según la normativa y el contrato, debieron cumplir las “Condiciones de Recepción y Entrega”, situación que no ocurrió, afectando la transparencia y la legalidad de las contrataciones.
Al respecto, el contrato con el consorcio ejecutor fue resuelto en enero de 2020 por acumular la penalidad máxima por mora. Actualmente, la entidad mantiene un proceso arbitral con la empresa, lo que paralizó el avance de este importante proyecto hospitalario para la región Junín durante ese año. En el 2021 se inició con un nuevo código único de inversión.
El informe de control posterior identificó la presunta responsabilidad en funcionarios que ocuparon cargos clave en la Gerencia Regional de Infraestructura y la Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Obras del Gobierno Regional de Junín.
Los resultados del informe de control han sido comunicados a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción para el inicio de las acciones legales penales contra los presuntos responsables, y al titular de la entidad para las acciones administrativas correspondientes.

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