El gobernador regional de Lambayeque, Jorge Pérez Flores, alertó ante la Comisión Agraria del Congreso de la República sobre el grave impacto que viene generando el abandono de obras de reconstrucción y prevención de inundaciones en diversas regiones del país, muchas de ellas con expedientes técnicos aprobados y contratos firmados, pero actualmente paralizadas.
Durante su presentación ante la comisión presidida por la congresista Jeny López Morales, el gobernador se pronunció en representación de 13 regiones que enfrentan la misma problemática, señalando que la paralización de proyectos vinculados al proceso de Reconstrucción con Cambios pone en riesgo a miles de familias que viven en zonas vulnerables a inundaciones.
Pérez Flores explicó que esta situación se ha generado tras el traslado de las intervenciones a la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), lo que ha provocado retrasos en la ejecución de obras destinadas a la protección de riberas, drenaje pluvial y prevención de desastres.
“Las obras se han quedado con su expediente técnico aprobado y con contratos firmados. Esto nos va a llevar inevitablemente a arbitrajes que el Estado terminará perdiendo. Al final vamos a pagar el dinero y no tendremos las obras ejecutadas, lo cual es una ofensa a la economía del país”, sostuvo.
Según la información presentada ante el Congreso, el Plan Integral de Reconstrucción con Cambios contempla 10,583 intervenciones a nivel nacional, de las cuales 9,397 cuentan con financiamiento, mientras que 1,189 intervenciones no recibieron recursos, lo que ha frenado proyectos clave para reducir riesgos ante fenómenos climáticos.
En el caso de Lambayeque, varios proyectos relacionados con la protección de ríos como Olmos, Motupe, La Leche, Chancay y Zaña, así como el sistema de drenaje pluvial de Chiclayo, presentan avances desiguales o retrasos, pese a beneficiar a miles de ciudadanos. En conjunto, estas intervenciones superan los S/ 5,200 millones de inversión.
El gobernador también cuestionó el exceso de controles administrativos que, según señaló, está generando temor entre los funcionarios para tomar decisiones.
“El problema del Perú es la criminalización del acto público. Así no se puede hacer patria, porque nadie quiere firmar un documento”, afirmó.
En ese sentido, planteó que la Contraloría General de la República acompañe los procesos de toma de decisiones dentro de las plataformas de Defensa Civil, a fin de garantizar transparencia sin paralizar las acciones necesarias para prevenir emergencias.
Asimismo, propuso modificar la normativa vigente para permitir que la ANIN retome mecanismos operativos que faciliten la ejecución de obras y, al mismo tiempo, que los gobiernos regionales puedan intervenir de manera complementaria con recursos propios.
“Necesitamos una normativa que permita que el ejecutor sea la ANIN, pero que los gobiernos regionales también podamos aportar recursos para avanzar en la priorización de inversiones”, señaló.
Pérez Flores también cuestionó las limitaciones normativas que actualmente restringen las intervenciones en riberas de ríos, ya que las disposiciones vigentes solo permiten realizar movimientos de tierra. Ante ello, planteó que se autorice el uso de soluciones técnicas como geobolsas y rocas de volteo, lo que permitiría fortalecer las defensas ribereñas y reducir riesgos de inundaciones.
Finalmente, el gobernador solicitó que el Congreso evalúe la conformación de una comisión investigadora para determinar responsabilidades por la paralización de las obras de reconstrucción.
“Esto tiene que investigarse hasta las últimas consecuencias. No podemos permitir que decisiones administrativas terminen costando vidas y dejando desprotegida a la población”, enfatizó.
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