La Carretera Central opera hoy muy por encima de su capacidad, con efectos directos sobre la movilidad y la actividad económica del centro del país. Diseñada para soportar alrededor de 4 mil vehículos diarios, la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES) ha identificado que en 2025 la vía registró un tránsito promedio de 7,200 vehículos al día y, en meses de mayor demanda, superó los 8 mil, duplicando su capacidad operativa.
Esta sobrecarga se traduce en mayores tiempos de viaje, costos operativos más altos y una menor previsibilidad para quienes dependen de esta vía para trasladar bienes y personas. A ello se suma el deterioro de varios puentes en el tramo Ricardo Palma–La Oroya, que incrementa el riesgo de interrupciones y limita la continuidad de los flujos económicos entre el centro del país y Lima.
“Estas ineficiencias ya se traducen en sobrecostos y pérdidas de competitividad para empresas y productores del centro del país, además de reducir las oportunidades de crecimiento y generación de empleo”, señaló César García, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES).
El especialista añadió que el impacto se da con mayor fuerza en el sector agropecuario. De acuerdo con la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo de Junín (Dircetur Junín), alrededor del 60% de los alimentos que abastecen los mercados mayoristas de Lima provienen de la sierra y selva central y se transportan mayoritariamente por esta vía. La congestión y los cierres frecuentes generan pérdidas de productos perecibles y reducen los ingresos de pequeños productores, además de afectar la exportación de productos como café, kion, papas nativas y maca, que dependen de cumplir plazos estrictos y mantener la calidad para acceder a mercados internacionales.
Según la Cámara de Comercio de Lima, el transporte representa cerca del 25% del costo total de los productos en el país, por lo que las limitaciones de la Carretera Central terminan impactando a lo largo de la economía, desde la producción hasta la distribución y el consumo.
Se advierten retrasos
Este impacto se conoce en un contexto donde la Nueva Carretera Central enfrenta una alerta por un posible retraso en su ejecución. Según el Sistema de Seguimiento de Inversiones, el inicio de la obra estaba programado para el 1 de enero de 2026, en medio de controversias sobre su asignación presupuestal y financiamiento. El proyecto contempla una vía de cuatro carriles, a diferencia de los dos actuales, e incluye la construcción de túneles y viaductos que permitirían aumentar la capacidad, reducir tiempos de viaje y mejorar la seguridad vial. De acuerdo con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), esta infraestructura beneficiará a cerca de 10 millones de personas del centro del país.
“La incertidumbre sobre el inicio de la obra afecta la inversión privada, porque sin plazos claros las empresas postergan decisiones en producción, logística y servicios. Son esas inversiones las que permiten ampliar la producción, generar empleo y aprovechar la carretera de manera efectiva. Cuando existe conectividad confiable, las empresas pueden aumentar compras a productores locales, instalar centros de acopio, ampliar plantas de procesamiento y mejorar la logística de distribución. Sin esa inversión, la carretera por sí sola no logra traducirse en más producción ni en mayores oportunidades económicas para las regiones”, sostuvo García.Finalmente, el vocero de REDES subrayó la importancia de definir con claridad el financiamiento y la programación del proyecto para cumplir con los plazos establecidos. “La modernización de esta vía permitiría reducir cuellos de botella en el transporte, proteger los ingresos de los productores, fortalecer la competitividad regional y sostener el crecimiento económico del centro del Perú”, finalizó.
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