Contraloría detecta irregularidades en contrataciones de locador en Gore Junín

Junín.- La Contraloría reveló importantes irregularidades en el Gobierno Regional de Junín tras la contratación de los servicios de un locador desde el 2019 al 2021 y en el 2023. Los hallazgos señalan que unos 17 funcionarios y servidores del gobierno contrataron a un mismo locador para labores en diferentes obras que se encontraban paralizadas, no habían iniciado o ya contaban con otros locadores, lo que habría generado un perjuicio económico de S/ 69,920.00.

En el Informe de Control Específico N° 031-2024-2-5341 se señala que, durante los periodos mencionados, funcionarios y servidores de diversas áreas del Gobierno Regional, incluyendo la subgerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, la Gerencia Regional de Infraestructura y otras dependencias, tramitaron la contratación del locador de servicios para labores en obras por administración indirecta con un perfil inadecuado y sin necesidad justificada. 

Asimismo, se advirtió que dicho locador copió entregables de otros profesionales y, en algunos casos, información presentada por la consultoría de supervisión, además se pudo evidenciar que los entregables de coordinadores de obra no avalan un trabajo en conjunto con el locador. Pese a esto, la subgerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, como área usuaria, otorgó las conformidades para el trámite de pago a favor del citado locador. 

El informe de control recomienda al titular de la entidad realizar las acciones necesarias para el deslinde de responsabilidades de los funcionarios y servidores públicos involucrados. Asimismo, se insta al órgano instructor a procesar a los implicados y al Procurador Público Especializado en Delitos de Corrupción de Junín a iniciar las acciones penales correspondientes contra 16 de los 17 funcionarios implicados en este caso. 

Este asunto pone de manifiesto la importancia del control gubernamental en la detección y prevención de irregularidades en la gestión pública, así como la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión y transparencia en las contrataciones estatales.