Recientemente salió a la luz la perjudicial cercanía de su círculo íntimo con la presidenta, su "wayki", típico de personajes que inician con dinero indebido que luego es blanqueado en negocios aparentemente rentables y terminan incursionando en la política para buscar impunidad y perpetuar su ambición de poder. Esto también ocurre con los gobernadores regionales, alcaldes y otros titulares de cargo.
Sin mencionar a los candidatos eternos que nunca ganan pero colocan alcaldes o congresistas y venden obras a empresarios o hacen lobby para beneficiar a sus financistas, perjudicando a ambos lados a la población.
Hablamos de una corrupción sistémica que trasciende elecciones y que ha exacerbado la fragmentación política en el país, debilitando solo la estabilidad social y económica.
Los políticos introducen una conversación subliminal entre los ciudadanos a través de la prensa y redes sociales, generando controversias entre fanáticos pseudomoralistas que etiquetan a otros como caviar, DBA, zurdo, liberal, etc., en un entorno de democracia "chicha", manteniendo a la población ciega al saqueo ilegal que realizan los políticos en complicidad con malos policías, fiscales y jueces.
Como dijo el grupo Río en su canción "Mi partido lo hará": "... en las promesas de políticos se calumniarán y se atacarán, después en un almuerzo estarán compatriotas a triunfar...". Lo mismo ocurre en el Congreso de la República; se atacan entre distintas bancadas frente a la prensa, pero luego en la mesa directiva se abrazan y acuerdan apoyarse en las votaciones.
La responsabilidad no recae únicamente en los líderes políticos, sino también en el electorado. Es crucial exigir valores y competencias temáticas. No es sano seguir a políticos eternos ni ser fanático de un líder o partido corrupto; de ello depende el rumbo de nuestro país, reflejado en la votación.
Mientras no se implementen penas efectivas con embargos de bienes, el problema es complejo debido al blindaje de la población fanática.
Proponemos una combinación de medidas preventivas y correctivas para abordar este flagelo.
El JNE debería exigir una declaración jurada a los candidatos que permita a la fiscalía levantar el secreto de las llamadas telefónicas y las cuentas bancarias ante indicios o delitos; a su vez, implementar tecnología descentralizada para rastrear y verificar el financiamiento de las campañas políticas, con el fin de reducir la influencia indebida de intereses particulares. Hasta que esto ocurra, la ignorancia de muchos les da poder a pocos.
Boluarte incrementa su desaprobación diariamente. Si permanece hasta 2026 o si se adelantan las elecciones generales para marzo de 2025, sea cual sea el escenario, la inestabilidad económica y política persistirá o incluso podría intensificarse la falta de credibilidad en este gobierno. Se ha agravado la inseguridad ciudadana, el desempleo, la anemia y la migración de peruanos, y no se hace nada para combatir la corrupción, entre otros problemas.
En el ámbito internacional, la credibilidad del país está minada por su mal actuar como gobierno y desde su sucesión de mando ningún mandatario visita Perú. Ante esta crisis, deben visibilizarse técnicos con valores, firmeza y experiencia para reemplazar a Boluarte y cambiar eficientemente los destinos del país.
Ing. Jhon Reynaga / ex congresista de la República
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