La Defensoría del Pueblo felicita al profesor Pedro Castillo Terrones, presidente
electo de la República, expresándole sus deseos de éxito por el desarrollo y el
progreso del país.
Nuestra institución, dentro del marco de sus competencias previstas en el
artículo 162º de la Constitución y dado el contexto actual que atraviesa nuestro
país, considera necesario reiterar su posición respecto del rol que cumplen las
autoridades y funcionarios del Estado en la lucha contra la corrupción.
En esa línea, siguiendo lo expresado en el artículo 110º de la Constitución, el
presidente de la República es el jefe del Estado y personifica a la Nación, por lo
que a él corresponde encarnar y liderar el combate contra la corrupción.
Cabe señalar que la corrupción genera una pérdida anual de más de 23 mil
millones de soles del erario nacional, tal como ha sostenido la Controlaría
General de la República. El costo de este flagelo no es solo económico, sino
también representa un obstáculo para garantizar el pleno goce de los derechos
fundamentales y la adecuada prestación de servicios públicos en nuestro país.
Sobre el particular, la Defensoría del Pueblo ha sostenido, en reiteradas
ocasiones, que la corrupción no solo socava las bases del sistema democrático
y afecta la legitimidad de las instituciones, sino que provoca vulneraciones en
los derechos de las personas y, con mayor intensidad, en aquellas que se
encuentran en situación de vulnerabilidad.
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En atención al grave impacto social de la corrupción, el Tribunal Constitucional
ha sostenido que ella constituye un atentado contra el Estado social y
democrático de Derecho, lo cual obliga al Estado y especialmente al presidente
de la República, a adoptar medidas concretas a fin de combatirla.
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Para la Defensoría del Pueblo, la cercanía al poder de personas que han
incurrido en actos de corrupción, resulta especialmente peligrosa, pues pone
en riesgo la objetividad de la investigación de estos delitos y la imparcialidad de
la actividad jurisdiccional dirigida a sancionarlos.
Por todas estas razones, consideramos que el presidente de la República tiene
la obligación constitucional de liderar la lucha contra la corrupción y mantener
la integridad de dicho cargo, alejando de su entorno a personas investigadas y,
con mayor razón, condenadas por delitos de corrupción.
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